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CADE prioriza el mercado de combustibles en una nueva línea de actuación institucional
El 23 de julio, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) publicó una ordenanza que define al mercado de combustibles como prioritario para los próximos dos años. La acción refuerza la capacidad de intervención del organismo en la promoción de la libre competencia y en la represión de prácticas anticompetitivas en un sector estratégico para la economía brasileña y el bienestar del consumidor.
La medida establece una serie de acciones coordinadas que involucran a la Superintendencia General (SG-CADE), al Departamento de Estudios Económicos (DEE), y a áreas técnicas y de apoyo del organismo antimonopolio.
Entre los principales ejes de acción se destacan el fortalecimiento de las investigaciones sobre cárteles y conductas colusorias, la actualización de estudios econométricos y de abogacía de la competencia, el intercambio de información con la Policía Federal (PF), la Abogacía General de la Unión (AGU) y el Ministerio de Minas y Energía (MME), además de la realización de una audiencia pública sobre el tema aún en el transcurso de 2025.
Según el presidente Gustavo Augusto, el mercado de combustibles tiene un impacto directo en el bolsillo de los brasileños, en toda la cadena productiva y en la competitividad de la economía nacional. «Al impulsar estas acciones, el CADE reafirma su compromiso con una escucha activa de la sociedad y de las instituciones colaboradoras, con el objetivo de intensificar la investigación y el enfrentamiento a posibles cárteles en el sector de combustibles, contribuyendo a la construcción de un entorno económico más competitivo», afirmó.
La actuación del CADE en este sector ya ha resultado en decisiones relevantes. En julio, el Tribunal sancionó a siete redes de gasolineras que operaban en el Distrito Federal, ente federativo brasileño, y su entorno, por formación de cártel, imponiendo multas que suman aproximadamente 155 millones de reales.
En 2017, la autoridad también celebró un Compromiso de Cese con empresas y personas físicas del sector, lo que resultó en una contribución superior a 90 millones de reales, además de la adopción de medidas estructurales orientadas a promover una mayor competitividad en el mercado.
Casos similares ya fueron identificados y sancionados por el CADE en otros estados brasileños, como Espírito Santo, Maranhão, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná y Piauí.
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