Notícias
NOTA A LA PRENSA N. 5
Pago de las deudas de Brasil con organismos internacionales en 2023 – Nota conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores y Planificación y Presupuesto
En 2023, Brasil pagó BRL 4,6 mil millones (cerca de US$ 935 millones, según la cotización del dólar hoy) en compromisos financieros con instituciones internacionales, distribuidos entre contribuciones periódicas a organismos internacionales, pago de cuotas de bancos multilaterales y recomposición de fondos internacionales.
Al final del año, el país pagó íntegramente sus contribuciones al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas (ONU), por un valor de aproximadamente BRL 289 millones (cerca de US$ 58.7 millones), y pasivos de BRL1,1 mil millones (cerca de US$ 203.3 millones) relacionadas con las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. De esta manera, además de garantizar el derecho de voto del país en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2024, Brasil reforzó su compromiso con el multilateralismo, con la ONU y con su rol internacional.
Aún en los primeros meses de 2023, los pagos permitieron a Brasil recuperar los derechos de voto en organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y la Corte Penal Internacional (CPI).
El país también saldó importantes deudas en el área del medio ambiente y cambio climático, incluidas contribuciones relacionadas con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, lo que es particularmente significativo a la luz de la elección de Belém, en la provincia brasileña de Pará, como la sede de la COP-30, en 2025. Además, se han liquidado pasivos relativos a otros convenios, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Convenio de Estocolmo) y el Convenio sobre el Mercurio (Convenio de Minamata).
Brasil llegó al final de 2023 habiendo cumplido también sus obligaciones financieras con organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo. (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras.
A nivel regional, se regularizaron los aportes al Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), con el pago de aproximadamente BRL 500 millones (cerca de US$ 101 millones), y se saldó la deuda con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con la Secretaría del MERCOSUR y PARLASUL. Aún en el ámbito del MERCOSUR, se pagaron aportes al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH), al Instituto Social (ISM) y a la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (TPR).
Ese cumplimiento de los compromisos de Brasil, que resulta del trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y del Ministerio de Planificación y Presupuesto (MPO), además de otros órganos del Gobierno Federal, fortalece la imagen de Brasil en el escenario internacional y regional, reafirma el compromiso del país con el multilateralismo y refuerza la capacidad de acción diplomática en favor de los intereses nacionales y de los principios que rigen la política exterior brasileña.
Brasil seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales. Contribuirá a esto el cambio en el tratamiento presupuestario de este tipo de gastos en el Proyecto de Ley de Presupuesto Anual para 2024, aprobado el 22 de diciembre por el Congreso Nacional, que reclasifica como obligatorios los gastos relacionados con los aportes y las primeras rondas de pagos a bancos multilaterales de desarrollo, resultantes de compromisos previstos en tratados internacionales promulgados por Brasil, lo que que evitará la futura acumulación de deudas con organismos internacionales regidos por el derecho internacional público.