Brasil aprueba en la ONU la Resolución de Combate a la Corrupción

La 6ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (San Petersburgo, Rusia, del 02 al 0-6 de noviembre) aprobó la resolución presentada por Brasil acerca del uso de procedimientos no criminales – civiles y administrativos – en el combate a la corrupción.
La resolución representa la principal contribución brasileña a la instancia decisoria máxima de la ONU contra la corrupción.

La medida consagra el trabajo de movilización que ha sido desarrollado por Brasil en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales en los últimos años, como los grupos de trabajo anticorrupción del G20 y de la Convención de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde el 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Justicia (MJ), la Contraloría- General de la Unión (CGU), la Abogacía- General de la Unión (AGU) y el Ministerio Público Federal (MPF) han actuado para convencer a la comunidad internacional acerca de la necesidad de avanzarse en el uso de dichos procedimientos para el efectivo combate a la corrupción.

La cooperación internacional para el cambio de pruebas e informaciones, en los ámbitos civil y administrativo, no es una obligación de los Estados Partes de la Convención de la ONU, al contrario de la colaboración en materia criminal. Debido a ello, Brasil ha emprendido esfuerzos para ampliar la cooperación internacional con el objetivo de crear un ambiente favorable entre las autoridades comprometidas con el combate a la corrupción.

En Brasil, la resolución fortalece la aplicación de la Ley Anticorrupción y de la Ley de Improbidad Administrativa, marcos de los esfuerzos del Estado brasileño en el combate a la corrupción. Asimismo, dicha resolución fortalece la ejecución de condenaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y la conducción de procesos administrativos disciplinares contra agentes públicos acusados de prácticas de corrupción.

En términos prácticos, la resolución abre camino para que pedidos de cooperación internacional elaborados por instituciones brasileñas, como la AGU, la CGU y el Ministerio Público, en la conducción de esos procesos, puedan ser atendidos por otros países. La resolución también mejora las condiciones en que Brasil pode enjuiciar acciones civiles directamente en tribunales extranjeros, con el objetivo de recuperar activos que tengan enlace con la corrupción.

Aprobada consensualmente por todos los Estados Partes de la Convención, la resolución fue copatrocinada por 17 países.

La delegación brasileña fue integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), de la Contraloría-General de la Unión (CGU), de la Abogacía-General de la Unión (AGU), de la Comisión de Ética Pública (CEP), del Ministerio de Justicia (MJ) y del Ministerio Público Federal (MPF).

Convención de la ONU.

La Convención de la ONU contra la Corrupción es el más importante instrumento jurídico internacional de prevención y combate a la corrupción. Cuenta actualmente con 177 Estados Partes. La instancia decisoria máxima, la Conferencia de los Estados Partes, se reúne cada dos años.