SG recomienda sancionar a gasolineras en el DF por formación de cártel

El 25 de octubre, la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (SG/CADE) recomendó sancionar a diversas gasolineras del Distrito Federal (DF), ente federativo brasileño, y su entorno por práctica de cártel e intercambio de informaciones sensibles.

El proceso fue encaminado al Tribunal Administrativo del CADE y será asignado a un consejero relator para posterior decisión del colegiado. Si sancionadas, las empresas están sujetas al pago de multas de hasta el 20 % de su facturación bruta, mientras que los administradores eventualmente responsables por la infracción pueden pagar hasta el 20 % del valor aplicado a la empresa.

Comprenda el caso

Las investigaciones se iniciaron a través de una representación de la Cámara Legislativa del Distrito Federal (CLDF). A partir de la denuncia, se realizaron estudios económicos sobre el funcionamiento del mercado que apuntaron la existencia de fuertes indicios de cartelización en el mercado investigado.

En 2015, la justicia del DF autorizó la interceptación de conversaciones telefónicas entre revendedores con actuación en Brasilia, capital de Brasil.  En el mismo año, se realizó la Operação Dubai, que permitió la actuación conjunta del CADE con la Policía Federal (PF) y el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT), en el cumplimiento de órdenes de registro e incautación en las sedes de los revendedores y las distribuidoras investigados.

Ya en 2016, la SG adoptó una medida preventiva en relación con el mayor grupo revendedor de combustible del mercado del DF, lo que resultó en la destitución de los directivos del grupo empresarial y en la designación de un administrador provisional entre marzo de 2016 y abril de 2017.

En 2017, el CADE firmó un compromiso de cese con las empresas integrantes de la misma red, sus administradores y algunos funcionarios, en conjunto con el MPDFT. El acuerdo estableció, entre otros deberes, todos ya cumplidos, el pago de una contribución pecuniaria superior a los 90 millones de reales, así como medidas para reducir su elevada participación en el mercado y para implementar controles internos más rigurosos, tales como la necesidad de reestructuración societaria y de desinversión por parte de la empresa.

Como resultado de esa investigación, la SG instauró un proceso administrativo en 2020. Con base en las evidencias recolectadas, se concluyó que diversos revendedores de combustibles actuaron de forma coordinada, con el objetivo de implementar aumentos en los precios de los combustibles en todo el DF y su entorno, incluso con ramificaciones en Formosa, en el estado de Goiás, Brasil.