Iniciativa internacional busca mejorar la seguridad de los productos y fortalecer la competencia

Brasil es uno de los países que respaldan un nuevo proyecto de resolución sobre la seguridad de los productos de consumo, el cual será sometido a consideración en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta iniciativa reconoce que todo producto y servicio ofrecido al consumidor, incluidos aquellos de segunda mano, debe ser seguro a lo largo de todo su ciclo de vida.

El documento es fruto de las deliberaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La resolución fue respaldada durante la 9.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor, celebrada del 7 al 11 de julio en Ginebra, Suiza, con la participación del presidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), Gustavo Augusto.

La eventual aprobación de la resolución podrá convertirse en un paso decisivo hacia la construcción de un mercado internacional más justo y equitativo, al integrar las prácticas de defensa de la competencia con medidas eficaces de protección al consumidor. En muchos países, la falta de regulaciones específicas sobre la seguridad de los productos genera distorsiones competitivas, donde empresas sometidas a marcos normativos rigurosos compiten con productos importados que no siguen los mismos estándares.

Según el presidente Gustavo Augusto, el texto representa un avance significativo en la convergencia entre ambas agendas. «La resolución debe servir como referencia para el fortalecimiento de políticas públicas y marcos regulatorios internacionales que integren los principios de la defensa de la competencia y de la protección del consumidor, dos pilares fundamentales para un mercado global más justo y sostenible», afirmó.

La propuesta será discutida durante la 80.ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para septiembre de 2025. El texto establece principios orientadores para que los Estados formulen leyes, políticas y mecanismos de supervisión enfocados en la seguridad de los productos, incluidos los comercializados en línea, los productos de segunda mano y aquellos que forman parte de la economía circular.

Asimismo, la resolución recomienda que los países desarrollen medidas de prevención, sistemas de retiro de productos del mercado (recall), canales de denuncia y mecanismos de cooperación internacional para impedir la circulación de productos considerados peligrosos.

La iniciativa refuerza que la protección del consumidor y la garantía de condiciones equitativas de competencia son objetivos complementarios, y posiciona a Brasil entre los países que actúan de forma activa en favor de un mercado global más seguro y equilibrado.