CADE y Ministerio Público realizan inspecciones contra cártel en el mercado de cirugías ortopédicas

El 26 de julio, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y el Ministerio Público de Rio Grande do Norte (MPRN) realizaron inspecciones en tres estados de la región Nordeste de Brasil. La investigación se refería a un supuesto cártel en el mercado de ortesis, prótesis y dispositivos médicos utilizados en cirugías ortopédicas. Dos abogadas y un médico ortopédico, junto con socios y empleados de empresas proveedoras de material quirúrgico, fueron acusados de participar en el cártel.

La investigación, denominada Operación Escoliosis, ejecutó 24 órdenes de investigación en los estados de Rio Grande do Norte, Pernambuco y Paraíba, más específicamente en las ciudades de Natal, Recife, João Pessoa y Campina Grande. Las autoridades emisoras colaboraron con las fiscalías de Paraíba y Pernambuco, y con las fuerzas policiales de investigación y no investigación de estos estados. La operación contó con la participación de 30 servidores del CADE, 19 fiscales, 56 funcionarios de los Ministerios Públicos y más de 100 agentes de la policía.

La investigación del caso comenzó a principios de 2019. El MPRN constató que las partes involucradas participaron en acciones coordinadas en las que las abogadas presentaron demandas dirigidas a cirugías de escoliosis de emergencia. Obtuvieron ventajas ilícitas durante el juicio de los casos mediante sobrefacturación en la compra de ortesis, prótesis y dispositivos médicos utilizados en cirugías ortopédicas, causando pérdidas al Gobierno.

Las demandas presentadas inicialmente sumaban unos 46 casos –incluidos los casos con solicitud de medidas cautelares– por un valor aproximado de 7,4 millones de reales para costear cirugías ortopédicas pagos por el estado de Rio Grande do Norte. De las 46 demandas, 42 resultaron favorables a la clínica del médico investigado.

Según las investigaciones, las abogadas presentaron cotizaciones de precios de clínicas y hospitales capaces de realizar el procedimiento quirúrgico y suministrar los materiales con el fin de obtener una medida cautelar. Estas propuestas fueron presentadas por un grupo de proveedores, beneficiando al médico investigado y a determinadas empresas del mercado.

Conforme se constató inicialmente, las empresas proveedoras aceptaban los presupuestos presentadas por las abogadas, quienes, en lugar de competir, definían cuál de ellas ganaría el contrato, mientras que los demás presentaban un estudio de precios de mercado y cubrían las ofertas. La supuesta rotación de ofertas influiría en los acuerdos de suministro y resultaría en precios más altos para el gobierno.

Las pruebas demuestran que al menos 21 socios y empleados de las empresas proveedoras obtuvieron ventajas en perjuicio al Tesoro. Dichas empresas abusaron de su poder económico, dominando y cerrando el mercado. 

El MPRN tuvo acceso al bloqueo de las cuentas bancarias, propiedades y vehículos de las partes investigadas. El material será analizado para determinar si otras personas o empresas participaron en el supuesto cártel.

Las partes pueden responder por infracciones contra el orden económico previstos en la Ley de Competencia brasileña, crimen económico, organización criminal y otros delitos que puedan constatarse durante la investigación.

El CADE es un organismo federal vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y tiene como misión velar por la libre competencia en el mercado, siendo la entidad responsable, dentro del Poder Ejecutivo, no solo de investigar y decidir, en última instancia, sobre asuntos de competencia, sino también de promover y difundir la cultura de la libre competencia.

El Tribunal del CADE puede imponer multas a las empresas que participan en un cártel con hasta el 20% de su facturación en el ámbito de actividad afectado por la conducta en el año anterior a la instauración del procedimiento. En el caso de las personas físicas, el organismo podrá imponer multas de hasta el 20% del valor impuesto a las empresas.