CADE y Ministerio Público de RS investigan supuesto cártel en el sur de Brasil

El 6 de noviembre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y el Ministerio Público de Rio Grande do Sul (MP-RS) iniciaron la Operação Camaleão, cuyo objetivo es investigar y desmantelar supuesta formación de cártel, fraudes en licitaciones públicas y lavado de dinero en el suministro de productos para el estado de Rio Grande do Sul.

Cerca de 150 agentes ejecutaron 30 órdenes de registro e incautación en empresas y residencias en ocho ciudades de Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, São Leopoldo, Santa Maria, São Gabriel, Soledade y Passo Fundo) y en dos ciudades en el estado de Paraná (Curitiba y Pinhais). Once empresas de Rio Grande do Sul y seis de Paraná serían responsables, desde 2018, del fraude en licitaciones por un valor superior a los 460 millones de reales.

En 2018, el MP-RS identificó un esquema en que grandes y medios empresarios se unieron para fraudar licitaciones del estado de Rio Grande do Sul. El objetivo era garantizar el suministro de productos en gran cantidad y de forma continua. Entre las estrategias utilizadas por los investigados estaba la creación de pequeñas empresas en nombre de terceras personas para aprovecharse de los beneficios fiscales y de las preferencias en las licitaciones. Así, el cártel elegía una determinada empresa para ganar una de las varias licitaciones.

Para garantir que la empresa elegida ganase determinada licitación, tanto las grandes o medias empresas, como las pequeñas en nombre de terceras personas (en realidad, todas pertenecientes a los mismos investigados), llegaron a ofrecer precios tres veces superiores al valor de mercado para los productos que serían suministrados. El fraude consistía en que determinada empresa, elegida previamente por el cártel y que estaba en nombre de terceros, fuera la ganadora de la subasta.
Concluida la investigación, la Superintendencia General del CADE emitirá un informe técnico y enviará el caso al Tribunal de la autoridad, recomendando el archivo del caso o la sanción a los investigados, en caso de que se configure una infracción a la competencia.

Las empresas sancionadas por práctica de cártel están sujetas al pago de multas que pueden variar entre el 0,1 % y el 20 % de la facturación bruta de la empresa, grupo o conglomerado obtenida en el año anterior al de la instauración del proceso administrativo, en el sector de actividad en que se cometió la infracción. Las personas físicas están sujetas a multas que van de 50 mil a 2 mil millones de reales.

La operación contó con el apoyo del Grupo de Actuación Especial contra el Crimen Organizado (GAECO) del MP-RS y del Ministerio Público de Paraná (MP-PR), de la Contaduría y Auditoría General del Estado (CAGE) de la Secretaría de Hacienda de Rio Grande do Sul (SEFAZ-RS) y de la Policía de Rio Grande do Sul.