CADE sanciona a gasolineras por formación de cártel

El 25 de junio, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) sancionó a siete redes de gasolineras actuantes en los mercados de reventa de combustibles en el Distrito Federal (DF), ente federativo brasileño, y su entorno.  

En 2020, la Superintendencia General (SG-CADE) inició el proceso administrativo a partir de una denuncia presentada por la Cámara Legislativa del Distrito Federal (CLDF), que indicaba la existencia de un cártel involucrando gasolineras de la región.

La investigación se basó en un conjunto de pruebas obtenidas a partir del acuerdo firmado con la Rede Cascol, además de los registros, incautaciones, y escuchas telefónicas realizadas durante la Operação Dubai.  

En 2017, el CADE firmó un Compromiso de Cese con las empresas que integraban la misma red, sus administradores y algunos funcionarios, en conjunto con el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT). El acuerdo previó, entre otras obligaciones, todas ya cumplidas, el pago de una contribución pecuniaria superior a los 90 millones de reales, incluyendo la adopción de medidas para disminuir su elevada participación en el mercado, e implementar controles internos más rigurosos, como la necesidad de reestructuración societaria y de desinversión por parte de la empresa.

El consejero Carlos Jacques, ponente del caso, señaló que las pruebas relacionadas con los sancionados mostraron que los competidores actuaron en colusión para acordar, fijar y ajustar los precios de los combustibles en el Distrito Federal y su entorno, lo que generó daños al consumidor y al mercado.  

En su voto, Jacques distinguió en diferentes grados la participación de cada involucrado en la colusión, basándose en el análisis de las evidencias y en la aplicación de la «regla de la corroboración», lo que impactó los tipos de gravamen aplicados en el cálculo de las multas. 

Con relación a algunas revendedoras y distribuidoras de combustibles incluidas en la parte investigada, se archivó el proceso por insuficiencia de pruebas.

En cuanto a los sancionados en el proceso administrativo, el consejero Carlos Jacques afirmó que el CADE existe para garantizar que las empresas compitan de forma justa, con base en la calidad de los servicios y precios, y no a través de combinaciones ilegales que comprometen el funcionamiento del mercado y perjudican a los consumidores. «La misión del CADE es garantizar que la competencia entre los revendedores ocurra por mérito, sin la imposición de acuerdos anticompetitivos capaces de distorsionar el funcionamiento del mercado y perjudicar al consumidor final», dijo.

De esa forma, el Tribunal sancionó a las redes Gasolline, JB, Auto Shopping, Original, Posto Central, Jobral y Xavante, involucradas en el cártel, al pago de multas que suman cerca de 149 millones de reales. Las 10 personas físicas responsabilizadas deberán pagar multas que, juntas, ultrapasan los 5 millones de reales. El valor total de las multas aplicadas es de 154.559.346,01 reales.