CADE, Policía Federal y CGU investigan un posible cártel en licitaciones de obras de emergencia

El 8 de octubre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), en coordinación con la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión (CGU), inició la operación Anteproyecto, con órdenes de registro e incautación, para investigar indicios de formación de cártel en licitaciones públicas promovidas por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT). El procedimiento abarca empresas del sector de consultoría en ingeniería y asesoría técnica contratadas para obras y servicios de emergencia en carreteras federales del estado de Rio Grande do Sul durante 2024.

La investigación se originó en un análisis realizado por la Comisaría de Represión a la Corrupción y Delitos Financieros (DELECOR/RS) de la Policía Federal, que identificó la actuación coordinada entre tres empresas de ingeniería radicadas en Rio Grande do Sul. La conducta se habría producido en licitaciones destinadas a mitigar los efectos de la catástrofe climática que provocó inundaciones en el estado durante abril y mayo de 2024.

Consta en las actuaciones que las empresas ajustaron previamente sus ofertas para la obtención de tres contratos con el DNIT, cuyo objeto era la prestación de servicios de consultoría en ingeniería para la elaboración de anteproyectos y de proyectos básicos y ejecutivos en carreteras federales afectadas por las inundaciones.

Los tres contratos suman más de 72 millones de reales y se pagaron con fondos federales provenientes de créditos extraordinarios, destinados a la reconstrucción del estado de Rio Grande do Sul.

Estructura de la operación

Se encuentran en ejecución nueve órdenes judiciales en la región metropolitana de Porto Alegre y en Brasilia (Distrito Federal). En la diligencia actuaron aproximadamente 15 servidores del CADE, junto con 51 efectivos de la Policía Federal y cuatro profesionales de la CGU.

Indicios de infracciones a la competencia

El CADE, la Policía Federal y la CGU identificaron, en sus actuaciones, indicios de posibles infracciones al carácter competitivo de los certámenes mencionados. El material incautado será analizado con miras a la averiguación del posible esquema delictivo.

Tras la instrucción procesal, la Superintendencia General (SG-CADE) emitirá una nota técnica y remitirá el caso al Tribunal del CADE para su juicio. El Colegiado podrá decidir la condena de los investigados si se configura la infracción a la competencia, quedando sujetos a multas de entre 0,1 % y 20 % de la facturación bruta de la empresa, grupo o conglomerado, obtenida en el año anterior a la incoación del proceso administrativo, en la rama de actividad en la que se produjo la infracción. Las personas físicas estarán sujetas a multas de 50 mil a 2.000 millones de reales.