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TRIBUNAL DEL CADE
CADE investiga un supuesto cártel en licitaciones de obras y servicios de ingeniería de carreteras
El 10 de diciembre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) inició un proceso administrativo para investigar posibles infracciones económicas en licitaciones de obras y servicios de ingeniería realizadas por organismos de la administración pública federal, regional y local, en el período comprendido entre 2016 y 2024.
La investigación se deriva de un análisis realizado en el marco del Proyecto Cerebro, que permitió identificar, a partir de una denuncia del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), un conjunto de empresas con actividades sospechosas en licitaciones del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT) y de la Compañía de Desarrollo de los Valles del São Francisco y del Parnaíba (Codevasf). Los indicios motivaron la Operación Novo Rumo, llevada a cabo por el CADE a finales de 2024 en colaboración con la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Policía Rodoviaria Federal (PRF).
Entre las principales estrategias identificadas para la implementación del supuesto cártel, se encuentra la constitución de sociedades en cuenta de participación, cuyo propósito sería la subcontratación de competidores que actuaran a favor del ganador de la licitación, mediante la implementación de estrategias como propuestas de cobertura y supresión de propuestas.
El proceso administrativo se inició contra dieciséis empresas y quince personas físicas. El mercado de obras y servicios de ingeniería de carreteras se caracteriza por el significativo volumen de recursos presupuestarios destinados a las obras licitadas, que suelen alcanzar el nivel de millones de reales. Se estima que, en el período comprendido entre 2021 y 2024, las licitaciones potencialmente afectadas alcanzaron un valor de 10 mil millones de reales.
Con la apertura del proceso, las partes representadas tendrán la oportunidad de presentar sus defensas, especificar las pruebas que desean que se presenten y designar hasta tres testigos para contribuir a la elucidación del caso.
En caso de ser condenadas, el Tribunal Administrativo del CADE podrá aplicar sanciones que alcanzan hasta el 20 % de la facturación bruta de las empresas. Las personas físicas, por su parte, están sujetas a multas de 50 mil a 2 mil millones de reales.
Según datos de la OCDE, los cárteles generan un sobreprecio estimado del 20 % en comparación con el precio en un mercado competitivo, lo que provoca pérdidas anuales de miles de millones de reales al Estado y a los consumidores. Además de ser una infracción administrativa, la práctica de cárteles también constituye un delito.
La actuación del CADE en la lucha contra los cárteles en las licitaciones refuerza el compromiso del organismo con la promoción de la competencia y la protección del interés público, lo que garantiza la competitividad en las licitaciones públicas.