CADE investiga el sector inmobiliario por fijación de precios

El 17 de abril, la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (SG-CADE) inició un proceso administrativo contra el Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 7ª Região (CRECI-PE) por influir en la conducta comercial uniforme en el mercado de servicios de corretaje inmobiliario en el estado de Pernambuco, Brasil. Debido al análisis del caso, la SG-CADE también decidió aplicar una medida cautelar.

La investigación se inició después de una denuncia que implicaba a un profesional vinculado al CRECI-PE, quien recibió un auto de infracción del consejo por divulgar, en su perfil en Instagram, un anuncio con descuento en la comisión por la venta de un inmueble.

A partir de los indicios levantados, se constató que el CRECI-PE tenía en su página web un modelo contractual con valores superiores a los practicados por el profesional, lo que dio como resultado la aplicación del auto de infracción y la publicación de una nota de repudio en la página oficial de Instagram de CRECI-PE.

La SG-CADE también identificó que el sitio web del demandante todavía pone a disposición de los usuarios el antiguo Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. Según el entendimiento ya consolidado por el CADE, basado en un precedente similar que involucró al Conselho Federal de Corretores de Imóveis, este código puede tener impacto en el funcionamiento del mercado al fomentar prácticas comerciales estandarizadas, especialmente en lo que se refiere a la valoración de precios para los servicios prestados por los corredores.

Debido a esta conducta, la SG-CADE adoptó una medida cautelar determinando que el CRECI-PE excluya todas las publicaciones que asocien la concesión de descuentos en servicios de corretaje inmobiliario a la práctica de conductas ilícitas o antiéticas, así como abstenerse de publicar nuevos artículos con ese contenido. Además, ha determinado que el consejo suspenda y deje de promover cualquier proceso administrativo en curso contra profesionales que hayan ofrecido descuentos o ignorado los valores referenciales de honorarios. También impuso la exclusión, en el mismo plazo, de documentos que mencionen baremos de honorarios.

Es importante subrayar que la medida cautelar está prevista en la legislación y puede ser adoptada cuando exista indicio o temor fundado de que las conductas investigadas puedan provocar daño irreparable o de difícil reparación al mercado, o que comprometa la eficacia del proceso.

El demandado en el proceso administrativo fue intimado para presentar su defensa. Al final de la instrucción, la Superintendencia General emitirá un dictamen conclusivo y enviará el caso al Tribunal del CADE. Si sancionado, podrá pagar multas que van de 50 mil a 2 mil millones de reales.