CADE impone medida cautelar contra la Moratoria de la Soja

El 18 de agosto, la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (SG-CADE) inició un proceso administrativo contra las asociaciones y empresas integrantes del Grupo de Trabajo de la Soja (GTS), signatarias del acuerdo conocido como Moratoria de la Soja.

El proceso fue iniciado contra la Asociación Brasileña de las Industrias de Óleos Vegetales (Abiove) y la Asociación Nacional de los Exportadores de Cereales (ANEC), además de otras 30 empresas exportadoras, conocidas como tradings.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Abastecimiento y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. El documento señalaba que los signatarios de la Moratoria de la Soja habrían acordado no adquirir granos de productores con áreas cultivadas en regiones deforestadas del bioma amazónico después de 2008. El compromiso, de carácter privado y firmado entre empresas del sector, se aplica exclusivamente a la soja y no abarca otros cultivos.

Según la SG-CADE, empresas privadas competidoras crearon el Grupo de Trabajo de la Soja con el fin de monitorear el mercado y viabilizar un acuerdo que estableciera condiciones para la compra de la materia prima en el país. Para la autoridad, dicho acuerdo configura una práctica anticompetitiva entre competidores que perjudica la exportación de soja.

Ante este escenario, se adoptó una medida cautelar ordenando al Grupo de Trabajo de abstenerse de recolectar, almacenar, compartir o difundir informaciones comerciales relativas a la producción, venta o adquisición de soja, así como de contratar servicios de auditoría. Asimismo, se determinó que sus integrantes se abstengan de difundir informes, listas o documentos que instrumenten el acuerdo y que retiren de sus sitios web todo material relacionado con la moratoria.

La medida cautelar constituye un instrumento previsto en la legislación que puede adoptarse cuando existan indicios o un temor fundado de que las conductas investigadas causen, o puedan causar, un daño irreparable o de difícil reparación al mercado, o que pongan en riesgo la eficacia del resultado final del proceso.

Según la Superintendencia General, si se comprueban estas prácticas, resultarían en la adquisición de productos en condiciones menos favorables o a precios superiores a los que se encontrarían en mercados realmente competitivos.

Las entidades investigadas fueron intimadas a presentar su defensa. Una vez concluida la fase de instrucción, la Superintendencia General emitirá un dictamen final y remitirá el caso al Tribunal del CADE. Además, existe la posibilidad de que el CADE firme un compromiso de cese con las partes involucradas. En caso de condena, las multas para las asociaciones pueden ir de 50 mil y 2 mil millones de reales; para las empresas, las sanciones oscilan entre el 0,1 % y el 20 % de la facturación bruta del ejercicio anterior al inicio del proceso administrativo.

Acceda al Proceso Administrativo 08700.005853/2024-38.