CADE firma un acuerdo para investigar un cártel internacional en el mercado farmacéutico

El 13 de septiembre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) firmó un Compromiso de Cese con la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim y una persona física en el proceso que analiza un supuesto cártel en la cadena de suministro y venta de productos farmacéuticos utilizados en medicamentos antiespasmódicos (Butilbromuro escopolamina), que tienen posibles efectos en Brasil. 

Tras la decisión del Tribunal, la empresa farmacéutica admitió su participación en la conducta anticompetitiva y se comprometió a pagar 23 millones de reales de contribución financiera al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos (FDD). Además, el firmante se comprometió a pagar 55 mil reales al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos y a cooperar con la investigación del CADE. La empresa farmacéutica también debe cesar cualquier conducta investigada, así como adoptar medidas preventivas para asegurar que no se infrinjan las normas de defensa de la competencia.

Con la firma del Compromiso de Cese, se suspende el proceso en relación con los firmantes. El Tribunal del CADE evaluará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo en la decisión final.

Alexandre Cordeiro, presidente del CADE, afirmó que "la propuesta cumple con los requisitos legales y reglamentarios mediante la firma del Compromiso de Cese, que son: el cese de la conducta investigada, la contribución al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos, la fijación de la multa en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas, el reconocimiento de la participación y la cooperación con las investigaciones".

Investigación

En noviembre de 2021, la Superintendencia General del CADE inició el proceso administrativo contra 7 empresas y 11 personas físicas por supuesto cártel. La conducta afectaba principalmente a la cadena de suministro y las ventas de Butilbromuro escopolamina (SNBB).

Según las investigaciones, las conductas anticompetitivas se produjeron desde principios de los años 90 hasta al menos 2019. En el proceso, hay indicios de que las empresas establecieron acuerdos anticompetitivos para definir el volumen de producción y venta de SNBB, manipular los precios, crear barreras artificiales a la entrada de competidores y proteger territorios o clientes preferentes. El intercambio de información sensible desde el punto de vista de la competencia y la vigilancia entre las empresas reforzaron estas prácticas.

El caso sigue siendo investigado por la Superintendencia General del CADE.