CADE firma tres acuerdos en investigaciones de gun jumping

El 3 de septiembre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) firmó tres acuerdos en Procedimiento de Investigación de Operación de Concentración (APAC), iniciados para investigar operaciones consumadas antes de autorización de la autoridad, práctica conocida como gun jumping.

En el primer caso que involucraba a las empresas Mitsui & Co. (Mitsui), Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Marine Projects Investment (MPIC) y Modec Holdings Netherlands (MHNL), el CADE analizó la adquisición de participación en Marlim1 MV33 B.V., responsable de la implantación del buque plataforma Anita Garibaldi en el campo de Marlim. Según destacó el consejero Diogo Thomson, ponente del caso, la operación se ajustaba a las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley 12529/2011, y los grupos involucrados en la operación cumplían los criterios legales de facturación. Sin embargo, la operación se llevó a cabo en 2020, antes de la autorización del CADE, y solo se notificó en 2024.

En otro proceso, las mismas empresas fueron investigadas por la adquisición de participación en Búzios5 MV32 B.V. (MV32), sociedad responsable de la unidad FPSO Almirante Barroso. La operación consistió en la adquisición de acciones de MV32 por parte de las empresas Mitsui, MOL y MPIC, propiedad de MHNL, mediante un acuerdo de accionistas celebrado en noviembre de 2019 y notificada al CADE solo en marzo de 2024.  Según la consejera Camila Pires Alves, ponente del caso, la operación está sujeta a notificación obligatoria, ya que cumple con los criterios de facturación y encuadramiento previstos en el artículo 90 de la Ley 12529/2011. 

El tercer acuerdo se firmó en un caso que investigaba la adquisición de activos de Cia. Paraná de Alimentos S.A. (Paraná Supermercados) por parte de la Cooperativa Agroindustrial Copagril (Copagril). De acuerdo con la consejera Camila Pires Alves, la consumación del contrato celebrado entre las empresas se produjo en diciembre de 2023, pero la operación solo fue notificada en julio de 2025, tras la decisión del Tribunal que reconoció la práctica y determinó la notificación de la operación.

Con la homologación de los acuerdos, las empresas deberán pagar más de 1,5 millones de reales en contribuciones pecuniarias al Fondo de Defensa de los Derechos Difusos (FDD).