CADE firma acuerdo con Vancouros, Viposa y Britali por práctica de gun jumping

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) firmó, el 19 de junio, un acuerdo con las empresas Vancouros, Viposa y Britali por la consumación de la operación sin la autorización del CADE, práctica conocida como gun jumping.   

El procedimiento fue instaurado en diciembre de 2023 para verificar si la creación de la empresa conjunto Bluminas fue hecha antes de la aprobación del CADE. El nuevo negocio es dedicado a la producción de cuero del tipo wet blue, utilizado en la fabricación de prendas de vestir.  

La operación fue sometida al análisis del CADE en diciembre de 2023, con aprobación de la operación en el mismo mes.  En el formulario de notificación, las partes reconocieron que la operación fue consumada en marzo de 2021 y las actividades de la Bluminas estaban previstas para empezar en 2024 y el inicio de las operaciones solamente para 2025, con la entrada en operación de una nueva planta.  

Según la Ley 12.529/2011, es obligatoria la notificación al CADE de concentraciones en que uno de los grupos involucrados tenga registrado una facturación bruta igual o superior a 750 millones de reales en Brasil en el año anterior a la operación, y el otro grupo relacionado al negocio también tenga registrado valores iguales o superiores a 75 millones de reales con facturación bruta en Brasil en el mismo período.     

El acuerdo entre las empresas y el CADE fue llevado a la apreciación del Tribunal Administrativo por el consejero Carlos Jacques Vieira Gomes que, en su voto, consideró que hubo consumación anticipada de la operación, caracterizando como una operación de concentración notificada y consumada antes de la apreciación del CADE.   

"Tenemos aquí una situación de no notificación previa, y cuando notificado al CADE, ya se pasaron más de mil días", enfatizó.   

Para el cálculo de la multa, el consejero consideró, entre otros puntos, el valor declarado de la operación por las empresas, además de la facturación en los últimos años y documentos adicionales, solicitados por el gabinete durante la investigación del procedimiento administrativo.

"El acuerdo usó como base de cálculo el valor inicial divulgado por las organizaciones, pero con una cláusula que aumenta el valor para que se pague, caso la empresa conjunta entre en operación en el plazo de dos años", subrayó.  

De esa forma, el Consejo reconoció, por unanimidad, la configuración de la infracción, en los términos del voto del relator. El valor de la contribución pecuniaria fue establecido en más de 95 mil reales, que será destinado al Fondo de Defensa de Derechos Difusos (FDD) del Ministerio de la Justicia y Seguridad Pública (MJSP), de Brasil.