CADE, CGU y PRF investigan supuesto cártel en licitación de obras de ingeniería de carreteras

El 4 de diciembre, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Policía Rodoviaria Federal (PRF) empezaron la operación Novo Rumo para investigar un supuesto esquema de cártel y de fraudes en licitaciones públicas en los contratos de obras y servicios de ingeniería de carreteras. Los valores aprobados en las licitaciones analizadas totalizan casi 9 mil millones de reales.

La operación de registro e incautación ocurre en las sedes y filiales de empresas del sector de construcción civil en los estados brasileños de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Pará y Maranhão. Cerca de 30 profesionales del CADE participan directamente en la acción, además de 24 servidores de la CGU, 41 de la PRF y otros representantes de la Justicia Federal.

La diligencia es resultado de un análisis conducido por la Superintendencia General (SG-CADE), que comenzó a partir de los indicios presentados en un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Este documento trata de subastas electrónicas realizadas por la Compañía de Desarrollo de los Valles del Río São Francisco y Parnaíba (CODEVASF) entre 2019 y 2021, con énfasis en tres mercados principales: pozos, cisternas y puentes.

A partir de estos aportes del TCU, la SG-CADE amplió el objeto y el periodo de investigación. Así, entre 2018 y 2023 se identificaron indicativos de acción coordinada de un conjunto de empresas en el mercado de obras y servicios de ingeniería de carreteras, en licitaciones conducidas por la CODEVASF y por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT).

El CADE realizó una encuesta con datos públicos de contrataciones, técnicas económicas, econométricas y de ciencia de datos, incluyendo el aprendizaje automático (machine learning), con el objetivo de evaluar cuantitativamente el riesgo de existencia de un cártel.

Los indicios demostraron un conjunto de 12 empresas que se destacaron en los indicadores de riesgo de formación de cártel y, una vez que estos sean comprobados, un proceso administrativo será instaurado.

Tras la instrucción procesual, la SG-CADE emitirá una nota técnica y enviará el caso al Tribunal de la autoridad antimonopolio para su juicio, que podrá decidir por el archivo del informe judicial o por la sanción de los investigados si se confirma una infracción a la competencia.

Las empresas sancionadas por práctica de cártel están sujetas al pago de multas que pueden variar entre el 0,1 % y el 20 % de la facturación bruta de la empresa, grupo o conglomerado obtenida el año anterior al de la instauración del proceso administrativo, considerando el sector de la actividad de la infracción. Por su parte, las personas físicas involucradas podrán pagar multas que van desde 50 mil a 2 mil millones de reales.

Esta es la primera vez que la CGU y el CADE realizan una operación conjunta de este tipo, basada en la resolución judicial que autorizó la participación de la CGU para dar mayor efectividad a las acciones. La colaboración entre las instituciones es fruto de un acuerdo de cooperación técnica firmado en noviembre de 2023.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las acciones, la PRF está presente en la operación, actuando en la vigilancia policial y en la protección de los demás agentes públicos durante el cumplimento de las órdenes de registro e incautación, asegurando un ambiente seguro para la ejecución de las medidas judiciales.