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TRIBUNAL DEL CADE
CADE aprueba compromiso de cese con Álya Construtora
El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó el compromiso de cese firmado con Álya Construtora Queiroz Galvão, en el marco de la investigación sobre una supuesta práctica de cártel relacionada con la contratación de servicios de montaje electromecánico de la central nuclear Angra 3. El acta del Circuito Deliberativo Virtual que homologa la decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión.
La investigación conducida por la Superintendencia General (SG-CADE) encontró indicios de coordinación entre dos grandes grupos empresariales ya desde las etapas iniciales del proceso licitatorio. Según la unidad, las empresas habrían actuado conjuntamente para influir en el diseño del pliego, lo que creó condiciones que facilitaban la participación de consorcios previamente alineados y reducían la competitividad de la licitación. Este comportamiento habría resultado en la habilitación de solo dos consorcios, ambos formado por empresas investigadas.
La SG-CADE también identificó indicios de que los grupos involucrados debatieron previamente la composición de los consorcios, definieron parámetros comunes para la elaboración de las propuestas comerciales y trataron, de forma coordinada, de la ejecución conjunta de los paquetes de las obras, lo que incluyó negociaciones colectivas y presentación combinada de recursos y estrategias.
En el compromiso de cese, Álya reconoce su participación en la conducta investigada y se compromete a cesar las prácticas potencialmente lesivas, a colaborar con las investigaciones y a adoptar medidas para prevenir nuevas violaciones de competencia. La empresa también deberá recaudar 5.602909,02 reales al Fondo de Defensa de Derechos Difusos (FDD), según lo previsto en la legislación.
Al analizar la propuesta, el consejero Victor Oliveira Fernandes, ponente del caso, evaluó que el acuerdo atiende a las exigencias legales y contribuye para la efectividad de la política de competencia. «La propuesta es oportuna, adecuada y suficiente para mitigar futuros riesgos de competencia y preservar la salud del mercado en cuestión», concluyó.