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DECISIÓN
CADE amplía la investigación contra Google por uso de contenido periodístico
El 23 de abril, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó por unanimidad la recomendación del presidente interino, Diogo Thomson, de iniciar un procedimiento administrativo para investigar con mayor profundidad a Google por el uso de contenido periodístico, dada la evolución tecnológica de la conducta desde el inicio de la investigación administrativa en 2019.
El caso volvió a ser tratado tras la solicitud de vista de la consejera Camila Alves, quien presentó su voto acompañando los argumentos de Thomson. La consejera añadió consideraciones sobre la necesidad de recopilar datos acerca de la estructura económica subyacente a la producción y a la apropiación de valor en la relación de mercado en análisis. En el mismo sentido se manifestaron los consejeros Carlos Jacques y José Levi. El expresidente Gustavo Augusto, ponente del caso, también modificó su voto para reflejar este entendimiento.
Histórico
El caso se inició en la decisión del propio Tribunal del CADE, que identificó la necesidad de investigar más detalladamente las condiciones competitivas en el mercado de búsqueda y noticias, con el que mantiene una relación vertical especialmente en lo que respecta a la utilización, por parte de Google, de contenidos producidos por editores.
Tras la instrucción del procedimiento, la Superintendencia General (SG-CADE) concluyó que no existían indicios suficientes de infracción a la competencia y recomendó el archivo del expediente, que fue confirmado a raíz de la interposición de recurso. Dada su relevancia y complejidad, el caso fue retomado posteriormente.
La sesión se inició con el voto del ponente Gustavo Augusto, quien recomendó el archivo del caso. Sin embargo, el presidente interino Thomson solicitó vista del expediente para un análisis más detallado.
Análisis exhaustivo
En su análisis, Thomson destacó que la conducta investigada no se limita a la forma como se presentaba al inicio de la investigación administrativa, en 2019 —caracterizada por la recopilación automatizada de contenidos periodísticos disponibles en la red y su posterior exhibición parcial en la página de resultados del buscador, mediante títulos, fragmentos e imágenes, con potencial para afectar al direccionamiento de tráfico y la monetización de los editores.
Según sostuvo, la conducta ha evolucionado considerablemente con la incorporación de nuevas funcionalidades basadas en la inteligencia artificial generativa, que permiten sintetizar información directamente en la interfaz de búsqueda. Así, señaló que esta
transformación tecnológica modifica de manera significativa la dinámica del acceso, la visibilidad y la monetización de los contenidos periodísticos en el entorno digital.
El presidente interino todavía declaró que la relación entre Google y los editores podría revestir características de dependencia estructural, ya que parte significativa del tráfico de los medios de comunicación depende de los mecanismos de búsqueda de la empresa investigada para llegar a su público. Dicha dependencia, unida al papel de la plataforma como intermediario esencial, puede facilitar la imposición unilateral de condiciones para el uso del contenido.
Desde esta perspectiva, Thomson formuló la hipótesis de que la conducta podría constituir un posible abuso explotativo de posición dominante. También propuso en su voto un marco analítico específico para evaluar conductas de esta índole en los mercados digitales, con énfasis en elementos como la dependencia estructural, la imposición de condiciones comerciales, la extracción de valor y la existencia de un perjuicio competitivo apreciable. Además, destacó que la legislación brasileña de defensa de la competencia permite calificar las prácticas abusivas, aunque no encajen perfectamente en las categorías tradicionales de abuso de posición dominante.
Asimismo, la consejera Alves destacó la relevancia de una instrucción con robusta profundidad analítica y empírica, especialmente con relación a la capacidad interpretativa y aclaratoria de los exámenes continuos del expediente. Subrayó que, en casos como este, marcados por la heterogeneidad de las funcionalidades analizadas, por la rápida evolución tecnológica de las interfaces y por la presencia de variables no monetarias relevantes, métricas de tráfico agregadas, cuándo considerados aisladamente, ofrecen una importante contribución, aunque no comprendan totalmente los posibles efectos competitivos bajo examen.
Además, la consejera señaló la conveniencia de que la SG avance en la recopilación y evaluación más desagregada de las evidencias, ya sea por funcionalidad, tipo de búsqueda, categoría de contenido y perfil de editor, incluido métricas como impresiones, clics, tasa de clics (CTR), zero-click, reformulación de consultas, scroll, dwell time y referral traffic, siempre que posibles en bases comparativas.
Por último, el presidente interino Diogo Thomson incorporó la sugerencia de la consejera Camila Alves de que la SG evalúe la realización de las diligencias necesarias para la instrucción, conforme lo indicado en su voto.
Acceda al procedimiento n.º 08700.003498/2019-03