El MPI detalla las acciones de reparación del Nuevo Acuerdo del Río Doce para los pueblos indígenas

Acompañado por representantes de diversos ministerios del Gobierno federal, el Ministerio de Pueblos Indígenas (MPI) celebró un nuevo ciclo de explicaciones sobre el Novo Acordo da Bacia do Rio Doce [Nuevo Acuerdo de la Cuenca del Río Doce] en las comunidades Puri, ubicadas en Minas Gerais (el martes 25 de marzo), y en las comunidades Tupiniquim y Guaraní, ubicadas en Espírito Santo (el miércoles 26 y el jueves 27 de marzo). La Caravana Interministerial, coordinada por la Secretaría General de la Presidencia de la República (SG-PR), envió un equipo a los territorios para explicar a los indígenas en qué consiste el acuerdo, valorado en BRL 8 mil millones, destinado a reparar los daños colectivos causados a los indígenas, quilombolas [cimarrones] y pueblos tradicionales por el colapso de la Represa de Fundão en 2015.

“En esta ocasión, la llegada de representantes del Gobierno federal no está relacionada con la consulta sobre la aceptación del Nuevo Acuerdo por parte de los pueblos indígenas. Hemos venido para aportar información fidedigna y combatir las noticias falsas. Además, se nos ha dicho que es necesario discutir el Nuevo Acuerdo más allá del Anexo 3 para presentar adecuadamente las demás políticas y programas de responsabilidad del Gobierno a los que tienen acceso los pueblos indígenas afectados”, afirmó Jarbas Vieira da Silva, director de la Secretaría Nacional de Diálogos Sociales y Articulación de Políticas Públicas de la SG-PR.

La distribución de los importes destinados a los pueblos indígenas seguirá el modelo que decidan las propias comunidades y deberá elaborarse durante el proceso de consulta, estableciendo prioridades según la demanda real del territorio y según los acuerdos a los que lleguen las comunidades. Estos fondos se depositarán a lo largo de 20 años y podrán destinarse a proyectos construidos con la participación y el consentimiento de los indígenas. Si aceptan la propuesta del Gobierno, se destinarán más de BRL 108 millones a los Puri y BRL 1,59 mil millones a los Tupiniquim y Guaraní. Los fondos se invertirán en Asesorías Técnicas Independientes (ATI), ayuda financiera, diagnóstico de daños y medidas estructurales colectivas.

En las reuniones, además de repartir folletos sobre el Nuevo Acuerdo a los indígenas, los agentes públicos explicaron cuáles son las aportaciones y acciones previstas para cada cartera y escucharon sus demandas y dudas.

“El Gobierno federal sigue respetando el período de 18 meses para presentar aclaraciones sobre el Nuevo Acuerdo, tras su homologación en octubre de 2024. Las presentaciones pretenden darnos una idea de la percepción de los indígenas sobre el pacto ante un anexo inédito que ni siquiera estaba incluido en el acuerdo de la administración anterior. Todavía hay muchas dudas que aclarar en las comunidades, especialmente sobre el acceso a los programas de cada territorio”, señaló Bruno Potiguara, director del Departamento de Gestión Ambiental Territorial y Promoción del Buen Vivir Indígena del MPI.

Las presentaciones pretenden darnos una idea de la percepción de los indígenas sobre el pacto ante un anexo inédito que ni siquiera estaba incluido en el acuerdo de la administración anterior. Todavía hay muchas dudas que aclarar en las comunidades, especialmente sobre el acceso a los programas de cada territorio”
BRUNO POTIGUARA
Director del Departamento de Gestión Ambiental Territorial y Promoción del Buen Vivir Indígena del MPI

ANEXO EXCLUSIVO PARA PICT — El acuerdo que debía firmarse en 2022 no garantizaba recursos específicos para los pueblos indígenas. Además, eliminaba casi todas las obligaciones de las empresas implicadas, no preveía la retirada de los residuos de la explotación minera e instituía el fin del monitoreo de las zonas afectadas por el crimen medioambiental responsabilidad de Samarco, BHP y Vale. Con un valor de BRL 65 mil millones, el pacto inicial tampoco contemplaba programas de indemnización para los afectados y concentraba los recursos en la infraestructura y en las unidades federativas afectadas.

A diferencia de los términos anteriormente mencionados, el pacto actual cuenta con un anexo exclusivo para dar prioridad a los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales (PICT). El Nuevo Acuerdo también cuenta con un anexo de transición como resultado de varias acciones paralizadas en los territorios por la Fundación Renova, que es responsabilidad exclusiva de las empresas que cometieron el delito medioambiental y trata de las medidas que deben llevarse a cabo, como el suministro de agua mineral, la construcción de pozos artesianos y cuestiones relacionadas con los Planes Básicos Ambientales Indígenas (PBAI). El proceso de consulta con los indígenas finalizará en marzo de 2026.

Andressa Lewandowski, asesora técnica del Departamento de Mediación y Conciliación de Conflictos de Tierras Indígenas (DEMED) del MPI, explicó a todas las comunidades y aldeas visitadas que, a diferencia de los demás anexos de la renegociación, el Anexo 3 es una propuesta dirigida a los PICT. Si se acepta tras el proceso de aclaración de dudas, los BRL 8 mil millones se dividirán en tres ejes fundamentales. En total, el acuerdo consta de 18 anexos.

La distribución de los importes destinados a los pueblos indígenas seguirá el modelo que decidan las propias comunidades

El primero es para fondos de asistencia durante un periodo de 18 meses tras la homologación, plazo que coincide precisamente con el período de consulta a los pueblos. Si las comunidades deciden conjuntamente que la propuesta del Gobierno las contempla, se prevé una ayuda adicional de 72 meses por unidad familiar. El segundo eje es el de las ATI, con un valor de BRL 698 millones – según las líneas que las comunidades determinen para mantenerse informadas y hacer un seguimiento del proceso de reparación. El tercer eje trabaja en medidas de estructuración colectiva dirigidas a los territorios, a través de la indicación de impactos que deben repararse en un modelo de autogestión por parte de los indígenas, acompañados por el Gobierno federal.

“Si el Nuevo Acuerdo no es aceptado por las comunidades indígenas, las obligaciones de realizar acciones e incluir medidas estructurales, fondos de asistencia, etc., volverán a las empresas para que las lleven a cabo en lugar del Gobierno federal. La idea es poder discutir y aclarar cualquier duda, y entender de forma global cómo los demás anexos contemplan a las comunidades, ya que el MPI y la FUNAI son mediadores con los demás ministerios involucrados debido a su contacto directo con los territorios. Es importante destacar que, independientemente de la aceptación del propio Anexo 3, los pueblos indígenas siguen teniendo derecho a ser atendidos por las medidas de los demás ministerios que participan en el Nuevo Acuerdo”, dijo el asesor.

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INVERSIONES — En todas las reuniones, además de distribuir folletos sobre el Nuevo Acuerdo a los indígenas, representantes del MPI, de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), de la SG-PR, del Ministerio de Salud (MS), del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre (MDS), del Ministerio de Educación (MEC), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar (MDA) y del Ministerio de Pesca y Acuicultura (MPA) explicaron las aportaciones y acciones previstas para cada uno de los departamentos y escucharon las peticiones y dudas de los indígenas.

Bajo la coordinación del Ministerio de Salud, se destinan BRL 12 mil millones para la creación del Programa Especial de Salud Río Doce en el SUS. El MDS dispone de BRL 640 millones para fortalecer de la asistencia social. El MEC dispone de BRL 2 mil millones para las acciones en el ámbito de la educación y el MPA de BRL 2,4 mil millones para la política pesquera, por ejemplo.

INCURSIONES EN TERRITORIOS INDÍGENAS — El martes 25 de marzo, el Equipo 3 de la Caravana se dedicó a escuchar y dialogar con diferentes grupos de los Puri, que alguna vez se consideraron extintos, y asistió a reuniones en las Comunidades Uchô Betháro Puri, en Aimorés – Minas Gerais, y à Puki, en Resplendor – Minas Gerais, donde se reunieron con alrededor de 30 y 50 indígenas, respectivamente, que viven en contextos urbanos. Por la tarde, la Aldea Krim Orutu, territorio recuperado de otro grupo Puri en el norte del municipio de Itueta, recibió a los miembros de la Caravana en una reunión con unas 100 personas.

Al día siguiente, el Equipo 3 acudió a una reunión en Cabana Central en la que se congregaron unos 50 líderes y representantes de las comunidades del Territorio Indígena Comboios, homologado en 1998 e integrado por las aldeas de Comboios y Córrego do Ouro, ambas en el municipio de Aracruz, Espírito Santo. Con una superficie aproximada de cuatro mil hectáreas, el Territorio Indígena de Comboios está habitado por el pueblo Tupiniquim y se encuentra en el Bosque Atlántico. Allí viven 928 personas, distribuidas en 276 familias. Una comitiva de nueve líderes indígenas recibió al equipo y lo llevó por la región para mostrarles las zonas directamente afectadas por la ruptura de la presa de Fundão y que han afectado a las formas de vida de los indígenas locales.

En caso de que acepten la propuesta, se destinarán más de BRL 108 millones para atender a los Puri y BRL 1 590 millones para atender a los Tupiniquim y Guaraní. - Fotos: Rony Eloy / MPI

El jueves 27 de marzo tuvo lugar la primera reunión del día en la aldea Guaraní de Olho d'Água, con la Comisión de Caciques Tupiniquim y Guaraníes. Cerca de 40 personas, entre líderes, secretarios, coordinadores de asociaciones y habitantes de la citada aldea y de otras cercanas, como Piraquê Açu, Nova Esperança/Ka'aguy Porã, Boa Esperança y Areal, hablaron con el Gobierno federal.

Por la tarde, el Equipo 3 llegó a la aldea de Caieiras Velha para la reunión con el Consejo Territorial de los Tupiniquim y Guaraníes, con un quórum de unas 110 personas, entre indígenas Tupiniquim y Guaraníes. El Consejo representa a cuatro aldeas: Caieiras Velha, Irajá, Três Palmeiras y Pau-Brasil, la primera de las cuales es la más grande y abarca el 35 % del territorio del Territorio Indígena Tupiniquim Guaraní, homologado en 2010.

PRÓXIMOS PASOS — Según Elis Nascimento, asesora de la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial Indígena y directora sustituta del Departamento de Justicia Climática (DEJUC) del MPI, los próximos pasos del Gobierno federal son los siguientes: - Definir con los indígenas el cronograma de acciones relacionadas con la construcción de los términos de referencia de las ATI; - Retomar las acciones que están en el anexo de transición que involucran a los pueblos indígenas; - Aclarar el anexo 3 para que se consulte debidamente a los pueblos indígenas sobre su adhesión al Nuevo Acuerdo de la Cuenca del Río Doce.

“El delito medioambiental ha afectado la relación intrínseca que los pueblos tienen con sus territorios y ha perjudicado sus prácticas agrícolas y pesqueras, así como su identidad cultural, espiritualidad y formas de vida”. Como uno de los objetivos de la Secretaría es elaborar protocolos de consulta, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, para la SEGAT es prioritario garantizar el buen vivir de los afectados por la ruptura de la represa, pues, aunque algunos de los daños son irreversibles, la violación no impide que se le garanticen sus derechos territoriales y el derecho a la consulta”, afirmó Elis.

Según Francisco Itamar Gonçalves Melgueiro, coordinador general de Gestión Ambiental de la FUNAI, el Nuevo Acuerdo es una construcción colectiva, es decir, no solo fue elaborado por el Gobierno federal, sino principalmente con la participación de los indígenas y de otros órganos, como el Poder Judicial, los gobiernos de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, y diversas instituciones. “Como el MPI y la FUNAI, lo que garantizamos en el Acuerdo fue la posibilidad de que los indígenas discutieran y entendieran, especialmente el Anexo 3, para que pudieran tomar sus propias decisiones”.