La Casa de Gobierno cumple 1 año con una reducción histórica de la minería ilegal en el Territorio Indígena Yanomami

En este último año, la Casa de Gobierno ha desempeñado un papel esencial en la desintrusión del Territorio Indígena Yanomami (TIY) en Roraima, consolidando un esfuerzo histórico en la lucha contra la minería ilegal de oro. La superficie dedicada a la minería activa dentro del territorio indígena se ha reducido significativamente en un 94,11 %, ya que en marzo de 2024 ocupaba 4570 hectáreas, mientras que en febrero de 2025 la actividad minera ilegal se registró en tan solo 269 hectáreas. 

Los datos del Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protección de la Amazonia (CENSIPAM), órgano vinculado al Ministerio de Defensa, indican que no solo se han reducido significativamente las zonas de minería ilegal, sino que también se ha frenado drásticamente la apertura de nuevas zonas. Al comparar los años 2022 y 2024, se observa una reducción del 95,76 % en la superficie de nuevas zonas de minería ilegal, lo que demuestra un control cada vez más estricto de esta actividad ilegal. El CENSIPAM también desempeña un papel fundamental en la producción de imágenes por satélite y en el análisis de datos de otros sistemas para orientar y supervisar las acciones contra la minería ilegal.

La coordinación entre órganos de seguridad, como la Policía Federal (PF), la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP), así como la presencia estratégica de las Fuerzas Armadas, siguen garantizando la continuidad de los operativos contra la minería ilegal.

Desde la apertura de la Casa de Gobierno, el 28 de febrero de 2024, se han llevado a cabo 4130 operativos en dicho territorio, lo que ha permitido reforzar la fiscalización y la represión de las actividades ilegales. Dichas acciones estratégicas son llevadas a cabo por diferentes órganos, como la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), la cual participa con análisis e información de inteligencia anticipada para prevenir nuevas incursiones ilegales. Otro ejemplo es el Comando Conjunto Catrimani II de las Fuerzas Armadas, que dirige acciones militares diurnas y nocturnas, lo que garantiza la fiscalización continua del Territorio Indígena e impide la reanudación de actividades delictivas. 

Al mismo tiempo, los órganos medioambientales desempeñan un papel esencial en la fiscalización y mitigación de los impactos sobre el medio ambiente, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), que trabajan para recuperar el territorio y proteger las zonas degradadas por la minería ilegal.

Además, instituciones como la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) y el propio CENSIPAM ayudan a identificar y desactivar las estructuras clandestinas utilizadas en la logística de la minería ilegal, lo que refuerza las acciones de represión y el monitoreo aéreo.

La rigurosa fiscalización dio lugar a la incautación e inutilización de 479 campamentos, 80 balsas, 694 máquinas ligeras y 60 máquinas pesadas. También se interceptó a un total de 21 294 personas durante los operativos y se impusieron multas por valor de BRL 11,6 millones.

Como resultado de los operativos, se inutilizaron e incautaron 34,1 kg de oro, 147,9 toneladas de casiterita, 143,7 litros de diésel, 50,8 toneladas de suministros, 20,1 mil litros de gasolina, 13,1 litros de GAV (parafina de aviación) y 227 gramos de mercurio. Además, se incautaron 1892 cartuchos de munición y 70 paneles solares.

La destrucción de 51 pistas de aterrizaje clandestinas y de 25 aviones también desmanteló la logística de la minería ilegal, lo que redujo drásticamente el flujo de suministros ilegales hacia el interior del Territorio Indígena Yanomami. Como consecuencia directa de estas acciones, la Policía Federal ha avanzado en las pesquisas sobre delitos medioambientales y financieros relacionados con la explotación ilegal, lo que ha dado lugar a diversos operativos, incautaciones y el bloqueo de los bienes de los investigados.

Otra consecuencia directa de la reducción de la minería ilegal ha sido la reanudación del modo de vida tradicional de los yanomami, que volvieron a plantar sus cultivos para garantizar la seguridad alimentaria. Con la seguridad territorial restablecida y el apoyo de las políticas públicas, los indígenas reanudaron el cultivo de sus huertas, práctica que el Programa Brasil M.A.I.S. del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) pudo cuantificar. En diciembre de 2024, el programa registró, mediante satélite, 33 alertas de tala en el Territorio Indígena Yanomami, con un total de 22,94 hectáreas destinadas al cultivo, lo que equivale a 32 campos de fútbol. El aumento de estas superficies reafirma la autonomía productiva de los yanomami y fortalece su seguridad alimentaria.

Con un año de avances concretos, la Casa de Gobierno reafirma el compromiso del Gobierno federal de seguir trabajando para proteger el territorio yanomami. Se están intensificando las acciones, con una fiscalización activa y políticas públicas dirigidas a la preservación ambiental y a la seguridad de los pueblos indígenas, con el fin de garantizar la continuidad de los esfuerzos realizados hasta ahora.