El Foro Brasileño por el Oro Responsable

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA en colaboración con el CONSEJO MUNDIAL DEL ORO

Brasil es uno de los países con mayor diversidad y riqueza mineral del mundo, ocupando una posición destacada en el escenario internacional de la minería. La extracción de minerales como hierro, cobre, bauxita, manganeso, niobio y oro sostiene una parte importante de la balanza comercial brasileña y tiene un fuerte impacto en la creación de empleo, los ingresos fiscales y el desarrollo regional. Esta relevancia se ve reforzada por el vasto territorio nacional, donde aún existen áreas con gran potencial mineral por explorar, a menudo en regiones de difícil acceso y con poca infraestructura.

Dentro de este panorama, el oro asume un papel central. Además de su valor económico y cultural, el metal ha estado históricamente asociado al desarrollo de varias regiones de Brasil, desde el ciclo del oro en el período colonial hasta la actualidad, con una relevante participación de la actividad de minería artesanal.

La minería artesanal, especialmente la de oro, ocupa una posición peculiar dentro del sector mineral. Esta forma de minería, a menudo realizada de manera artesanal y por pequeños grupos, representa un importante mecanismo de inclusión económica en diversas regiones del país. En áreas donde el Estado tiene una presencia limitada, la minería artesanal ofrece alternativas de trabajo e ingresos para poblaciones vulnerables, desempeñando así un papel social que va más allá del aspecto puramente económico.

Sin embargo, la minería artesanal también impone desafíos significativos. La ausencia de tecnologías adecuadas y la informalidad que todavía caracteriza parte de la actividad pueden generar impactos socioambientales relevantes, como la deforestación, la contaminación por mercurio y los conflictos por la tierra. Estos problemas evidencian la necesidad de políticas públicas capaces de equilibrar la importancia socioeconómica de la minería artesanal con la responsabilidad socioambiental y la seguridad pública, a fin de garantizar la sostenibilidad de esta actividad.

En los últimos años, el Estado brasileño ha buscado ampliar su actuación sobre la minería artesanal y la extracción ilegal de oro, ya sea a través de reglamentaciones específicas o mediante una fiscalización más rigurosa de la producción y la comercialización. Los esfuerzos para mejorar este monitoreo y reducir el uso de mercurio reflejan el intento de alinear el sector con las buenas prácticas internacionales, evitando que Brasil sea asociado con cadenas de producción marcadas por la ilegalidad y la degradación ambiental.

El panorama mineral brasileño solo puede ser plenamente comprendido al considerar la relevancia de la minería artesanal para el país. Esta actividad, al mismo tiempo que es una fuente de riqueza y sustento para miles de brasileños, exige soluciones innovadoras y políticas integradas que concilien el desarrollo económico, la inclusión social, la preservación ambiental y la seguridad pública. El futuro del sector depende de la capacidad del país para transformar la minería artesanal en un modelo de minería responsable y sostenible, en sintonía con los desafíos ambientales y comerciales actuales en todo el mundo.

Es importante destacar que el oro brasileño mantiene una elevada demanda en los mercados interno y externo, ya sea como activo financiero o como mercancía. Esta realidad inserta a Brasil de forma estratégica en los flujos globales de comercio y en las cadenas internacionales de valor, lo que exige una actuación atenta y consistente por parte del Estado.

La gobernanza de la producción y comercialización del oro en Brasil, realizada tanto por mineros artesanales como por empresas mineras, exige equilibrar su relevancia económica y social con los riesgos ambientales y jurídicos derivados de la explotación irregular. En este escenario, la Agencia Nacional de Minería (ANM) desempeña un papel central al conceder los Permisos de Explotación de Minería Artesanal, analizar técnicamente las solicitudes de Concesión de Explotación, fiscalizar las actividades y establecer parámetros técnicos, siempre en consonancia con la Constitución Federal, el Código de Minería y la Ley n.º 7.805/1989. El objetivo es promover la legalidad en el sector, reducir la informalidad y alinear la producción minera con el interés público y nacional.

A nivel federal, esta gobernanza es compartida con otros organismos, como Ibama, responsable de la fiscalización ambiental, y la Secretaría de Ingresos Federales y el Banco Central, que supervisan la comercialización del oro y buscan garantizar su conformidad para reprimir prácticas ilegales. Los estados y municipios también desempeñan papeles relevantes en la concesión de licencias ambientales y la fiscalización, siendo esencial la articulación federativa para evitar la superposición de competencias y las lagunas regulatorias. La falta de esta integración favorece la expansión de la extracción clandestina y la actuación de organizaciones criminales.

En los últimos años, las iniciativas de trazabilidad, además de la adopción de buenas prácticas internacionales, han fortalecido la gobernanza del sector. El gran desafío es transformar la minería artesanal y a pequeña escala en una actividad transparente y sostenible, capaz de generar ingresos e inclusión social sin comprometer el medio ambiente ni alimentar el crimen organizado. En este sentido, la buena gobernanza es fundamental para consolidar el oro brasileño como un producto legítimo y competitivo, que respete las normas ambientales y se distancie de la criminalidad.

La extracción de oro en Brasil está experimentando transformaciones que reflejan el avance tecnológico y la búsqueda de una mayor eficiencia. Si antes predominaban las prácticas rudimentarias, hoy se observa la incorporación de recursos que amplían la capacidad productiva y reducen las pérdidas, al mismo tiempo que crece la presión para mitigar los impactos ambientales asociados a la actividad.

Este proceso de modernización también abarca el procesamiento del mineral y la gestión de la producción. Gradualmente, las alternativas consideradas más seguras y sostenibles están reemplazando a las prácticas tradicionales, aunque el desafío es hacer que estas soluciones tecnológicas sean accesibles para los pequeños productores. Paralelamente, se están comenzando a desarrollar tecnologías digitales para fortalecer el monitoreo de la cadena productiva y asegurar una mayor transparencia en la comercialización del oro.

El monitoreo de la comercialización del oro se configura como un factor estratégico para dirigir la actividad hacia la legalidad, la sostenibilidad y la competitividad. El futuro del sector dependerá de la capacidad para ampliar el acceso a estas innovaciones, conciliando productividad con responsabilidad.

La minería artesanal de oro en Brasil presenta una serie de cuestiones socioambientales y de seguridad pública que desafían la conciliación entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales. Entre los principales impactos se encuentran la deforestación, la degradación de los cursos de agua y la contaminación por sustancias químicas como el mercurio —que afectan a ecosistemas y comunidades dependientes de estos entornos—, además del aumento de la criminalidad, ya que las organizaciones criminales utilizan este metal para la práctica de otros ilícitos.

Además de los daños ambientales, también existen tensiones sociales vinculadas a conflictos por la tierra y disputas con pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

Para enfrentar estos desafíos, es esencial que el Estado brasileño avance en medidas de gobernanza que fortalezcan la fiscalización, amplíen el monitoreo de toda la cadena productiva y reduzcan el margen de actuación de las redes criminales. En este contexto, la trazabilidad del oro surge como un camino viable desde los puntos de vista económico y tecnológico.

Corresponde al Estado, como agente regulador y promotor de la actividad minera, garantizar la protección del medio ambiente y combatir la criminalidad. Se impone, así, la necesidad de una actuación integrada del Estado y de sus organismos, en cooperación con municipios y estados, mediante la adopción de un sistema de trazabilidad que asegure la interoperabilidad de los sistemas y consolide la presencia institucional en las regiones de extracción de oro.

El camino para adecuar el comercio del oro a los anhelos de la sociedad pasa, por lo tanto, por un enfoque que una la regulación, la innovación tecnológica y las buenas prácticas. La construcción de un ambiente seguro, con una actuación firme y coordinada del Estado, es fundamental para transformar la actividad en un vector de desarrollo responsable. De esta manera, será posible conciliar la generación de ingresos y oportunidades con la protección ambiental, la valoración de los derechos humanos y el combate a la criminalidad, alineando la extracción del oro con las demandas de sostenibilidad y transparencia.

La comercialización del oro implica una dinámica financiera compleja, marcada por la coexistencia de flujos legales e ilegales. Como activo de alto valor y liquidez, el oro circula rápidamente en el mercado, funcionando tanto como producto de exportación como de reserva de valor. No obstante, esta característica también lo vuelve vulnerable al uso en cadenas ilícitas, prácticas de lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, fortaleciendo así al crimen organizado.

En el modelo formal, la producción debe ser autorizada por la Agencia Nacional de Minería y comercializada por instituciones financieras acreditadas por el Banco Central de Brasil, que emiten facturas y registran el origen del metal. Sin embargo, este modelo aún presenta debilidades, ya que no garantiza al Estado la plena recaudación fiscal, la transparencia y la credibilidad internacional. En la práctica, una parte significativa de la producción escapa a estos mecanismos, comercializándose de forma irregular con documentos fraudulentos que confieren una apariencia de legalidad al oro extraído en áreas no autorizadas.

Este comercio paralelo genera pérdidas fiscales, debilita la actuación del Estado y compromete la imagen de Brasil en el mercado global. Los países y las empresas compradoras de oro exigen cada vez más una comprobación de origen responsable, y la ausencia de mecanismos robustos, como la trazabilidad, abre espacio para barreras comerciales y desconfianza respecto a la sostenibilidad de la cadena del oro brasileño. Al mismo tiempo, la ilegalidad financia actividades criminales y agrava los impactos socioambientales, sobre todo en la región amazónica.

Ante este panorama, el Estado ha estado desarrollando iniciativas para fortalecer los mecanismos de control de la cadena productiva del oro. La adopción de sistemas digitales de trazabilidad, junto con la alineación a estándares internacionales de gobernanza y sostenibilidad, representa un avance significativo. Lo que antes era un desafío —integrar regulación, fiscalización, tecnología y seguridad pública en el sector— ahora se muestra posible a través de la trazabilidad, asegurando la regularidad del oro comercializado y creando una cadena financiera más confiable.

La relación entre la minería artesanal de oro y la seguridad pública ha ganado notoriedad debido a la creciente presencia de actividades ilegales asociadas al sector. En áreas remotas, especialmente en la Amazonía, la ausencia de una fiscalización continua favorece la instalación de grupos organizados que se aprovechan de la extracción mineral para obtener recursos financieros y consolidar redes de influencia. Este contexto amplía los desafíos de gobernanza y exige una mayor atención por parte de las instituciones estatales.

Uno de los mecanismos más recurrentes en este proceso es el llamado “blanqueo” del oro, una práctica en la que la producción ilegal se inserta en la cadena formal a través de documentación fraudulenta o el uso de permisos regulares como fachada. De esta forma, se vuelve difícil distinguir el origen del metal, debilitando el control estatal y creando puntos de vulnerabilidad en el sistema de comercialización.

Otro aspecto relevante es la presencia de una logística clandestina que sustenta la operación de extracciones ilegales. El transporte aéreo irregular de insumos, equipos y del propio oro conecta regiones de difícil acceso con centros urbanos, reforzando la actuación de estos grupos e intensificando las disputas por las áreas de extracción, lo que contribuye al aumento de la violencia.

En este escenario, le corresponde al Estado ejercer una actuación decisiva en la prevención de ilícitos relacionados con la cadena productiva del oro. Esto exige la creación y gestión efectiva de instrumentos de monitoreo, articulados con mecanismos de fiscalización minera, control financiero y vigilancia de las rutas logísticas. Dicha integración no solo restringe la actuación de organizaciones criminales, sino que también reduce las oportunidades de utilización del oro en prácticas ilícitas. Con ello, se garantiza una mayor transparencia, confiabilidad y regularidad en el sector.

La gobernanza de la cadena del oro en Brasil requiere enfoques integrados y multidimensionales que articulen a los organismos públicos, la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales. La represión aislada y las acciones tradicionales de mando y control no son suficientes para reducir el atractivo de la ilegalidad. Es necesario estructurar soluciones que promuevan la formalización, mejoren la trazabilidad del oro y fortalezcan los mecanismos de cooperación institucional a nivel nacional e internacional.

Es en este contexto que el Foro Brasileño por el Oro Responsable se inserta como un espacio estratégico de diálogo y cooperación, orientado a la formulación de soluciones concretas para los desafíos de la cadena productiva del oro. Al conciliar el desarrollo económico con la protección socioambiental, la inclusión social y productiva, y el fortalecimiento de la seguridad pública, el Foro se convierte en un instrumento esencial para que Brasil alinee su producción de oro con las exigencias contemporáneas de legalidad, sostenibilidad y transparencia en el escenario global.