Corte Penal Internacional
Brasil apoyó la creación de la Corte Penal Internacional por comprender que un tribunal penal eficiente, imparcial e independiente representaría un gran paso en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves. El gobierno brasileño participó activamente en los trabajos preparatorios y en la Conferencia de Roma de 1998, en la cual se adoptó el Estatuto de la CPI.
Con sede en La Haya (Países Bajos), la CPI comenzó sus actividades en julio de 2002, tras la 60ª ratificación del Estatuto. Regida por el principio de complementariedad, la Corte procesa y juzga a personas acusadas de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y, desde el 17 de julio de 2018, crímenes de agresión.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que examina las disputas entre estados, la CPI solo juzga a personas. La existencia de la Corte ayuda a evitar violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, además de frenar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
El Tribunal, que ya ha juzgado alrededor de 30 casos, actualmente investiga 13 situaciones (Afganistán, Bangladesh/Myanmar, Burundi, Costa de Marfil, Darfur/Sudán, Georgia, Libia, Mali, Kenia, dos situaciones referentes a la República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda) y lleva a cabo 9 exámenes preliminares (Colombia, Guinea-Conakry, Iraq/Reino Unido, Nigeria, Palestina, Filipinas, Ucrania y dos referentes a Venezuela).
Brasil depositó su instrumento de ratificación del Estatuto de Roma el 20 de julio de 2002. El tratado se incorporó al sistema legal brasileño mediante el Decreto 4.388, del 25 de septiembre de 2002.
Actualmente, el Estatuto de Roma tiene 123 Estados Parte, de los cuales 33 son africanos; 28 de América Latina y el Caribe; 25 del grupo de Europa Occidental y Otros; 18 de Europa del Este y 19 de Asia y el Pacífico. Todos los países de América del Sur son partes del Estatuto.
A lo largo de las casi dos décadas de funcionamiento de la CPI, Brasil ha mantenido una fuerte presencia en La Haya, sea a través de su delegación en la Asamblea de los Estados Partes o de la participación de sus nacionales en cargos importantes de la Corte. La brasileña Sylvia Steiner fue miembro del cuerpo de jueces de la CPI, de 2003 a 2016. Actualmente, forma parte del Comité Asesor de Nombramientos de la CPI, que tuvo el profesor Leonardo Nemer Caldeira Brant entre sus miembros, de 2013 a 2014. En diciembre 2019, la magistrada Cristina Romanó fue una de las nueve seleccionadas para el Grupo de Expertos Independientes para el proceso de revisión de la CPI, actualmente puesta en marcha.
En línea con el compromiso de participación activa en el trabajo de la CPI, el gobierno brasileño lanzó, en abril de 2020, la candidatura de la jueza Mónica Jacqueline Sifuentes para el cargo de jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), en las elecciones que se celebrarán en la XIX Asamblea de Estados Partes de la CPI, programadas para noviembre de 2020.