Brasil, Gaza y el juicio en la corte internacional

Mauro Vieira
Ministro de Relaciones Exteriores

He seguido con gran interés el debate que ha tenido lugar en torno al anuncio del apoyo político del Brasil, por parte del Presidente Lula, a la iniciativa
de Sudáfrica de iniciar procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para proteger a la población palestina, según los términos de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al igual que el Brasil, al menos 65 países expresaron su apoyo político a la demanda sudafricana, siendo que dos de ellos, Jordania y Bangladesh, formalizaron su intención de intervenir, como terceros, en el caso.

El apoyo político no prejuzga ninguna decisión sobre la cuestión de fondo respecto de la determinación de posibles violaciones de la convención. Corresponde a los 15 jueces de la Corte deliberar de forma independiente sobre la cuestión, incluso en lo que respecta a la obligación -de la que ningún Estado puede eximirse- de prevenir y castigar el delito de genocidio.

¿Y por qué el Brasil apoya la acción de Sudáfrica ante la Corte?

Organizaciones internacionales, expertos independientes y agencias humanitarias competentes han destacado, con una vehemencia sin precedentes, la posibilidad de que existan graves violaciones del derecho internacional en Gaza, incluida la Convención de Genocidio. De hecho, hay un número alarmante de víctimas civiles en un corto período de tiempo.

Son más de 24.000 muertos, de los cuales el 70% son mujeres y niños, en poco más de cien días de operaciones militares. También hay graves informes de restricción del acceso a servicios básicos y obstáculos a la prestación de asistencia humanitaria, en un escenario de amplia destrucción de la infraestructura civil de Gaza.

Dada la grave situación en dicho territorio, que incluye las alarmantes cifras de 142 trabajadores de la agencia humanitaria de las Naciones Unidas y
alrededor de 100 periodistas entre los muertos, nos parece fundamental que el principal órgano judicial de la ONU se pronuncie.

Es importante destacar, además, que las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica para evitar el riesgo de genocidio, al exigir «la suspensión
inmediata de las operaciones militares adentro y en contra de Gaza», podrían fomentar la ayuda humanitaria necesaria y un entorno deseable de diálogo político que permita la reanudación de las negociaciones para la solución de dos Estados, que convivan uno al lado del otro en paz y seguridad, dentro de fronteras mutuamente acordadas e internacionalmente reconocidas.

Brasil reitera que Israel tiene derecho a defender y proteger a sus ciudadanos y, en ese sentido, a actuar, dentro de los parámetros del derecho internacional, para prevenir y castigar actos terroristas. De manera consistente y coherente con su política exterior, Brasil condenó inmediata e incisivamente los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre. El Brasil también confiere prioridad absoluta a la urgencia del cese de las hostilidades en Gaza, como lo demuestra su trabajo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Tratar de caracterizar la acción interpuesta por Sudáfrica como una manifestación de antisemitismo es una forma desafortunada de intentar cambiar de tema. En última instancia, también es una manera desafortunada de cuestionar la legitimidad de una importante democracia multirracial en el Sur Global, marcada por una historia emblemática de lucha contra la discriminación racial, de promover acción ante la CIJ para proteger los derechos más fundamentales de la humanidad.

La crítica de que la posición del Brasil afectaría sus credenciales como supuesto mediador en éste y otros asuntos globales se basa en la suposición errónea de que el Brasil es candidato a ser una especie de mediador universal. Esta pretensión no existe y no es realista. Los mediadores son elegidos puntualmente por las partes en conflicto.

Además de coherencia y consistencia en su política exterior, el prestigio y el reconocimiento del Brasil ante la comunidad internacional presuponen valentía y orgullo para tomar postura ante indicios de graves violaciones de los derechos fundamentales de un pueblo.